La historia resulta un tanto rocambolesca. Todo comienza un mañana en la ciudad catalana de Puigcerdá, en la plaza de Cabrinetty, cuando un agente de policía se dispone a poner una multa a un vehículo mal aparcado.
No se imaginaba que el tiro iba a salirle por la culata, porque para sancionar la infracción, el agente también dejó estacionado de forma incorrecta su vehículo patrulla, momento en que dos personas aprovecharon para fotografiar al cazador cazado.
A partir de aquí las versiones son completamente opuestas. El agente, que ha denunciado por coacciones a los dos vecinos, procedió a multarse a si mismo en lo que podíamos llamar un ejemplo de civismo, pero los improvisados fotógrafos que a su vez han denunciado al agente por prevaricación, aseguran que solo lo hizo, una vez se percató de que había sido pillado.
Por el momento y a la espera de que todo se solucione, la justicia ha decidido conceder al policía una orden de protección con respecto a los dos vecinos, con los que según las primeras informaciones ya estaba relacionado por un caso de lesiones y desacato a la autoridad que se remonta al pasado mes de septiembre.
La justicia ha dictaminado que los vecinos han cometido un delito contra la libertad del agente y por ello han interpuesto una orden de alejamiento de 100 metros.
Según la versión de los vecinos, que ha sido reflejada en la denuncia, vieron como el agente multaba a un vehículo de matrícula francesa que estaba estacionado en una espacio de carga y descarga y que para hacerlo aparcó el suyo propio en el mismo lugar. Fue entonces cuando desde el balcón de su casa aprovecharon para fotografiar la infracción, según dicen para “ obtener pruebas de la actuación irregular del agente, que sanciona un vehículo mal estacionado y en cambio deja sin sancionar el suyo propio que estaba cometiendo la misma infracción”.
Según los vecinos, diversos viandantes advirtieron al agente de que estaba siendo fotografiado, momento en el cual “el policía se aplicó una sanción de 50 euros, cuando la multa correcta ha de ser de 90 euros, según la ordenanza”.
Vía DiariodeGirona