Los que viajamos a Galicia (y dentro de ella) con asiduidad reconocemos el avance en infraestructuras de las dos últimas décadas. Dos autovías que comunican con Madrid (la A6 y la A52), otra con la cornisa cantábrica (A8) y alguna más de titularidad económica. Pero el gran eje vertebrador de la comunidad sigue siendo la AP-9.
Esta autopista de peaje recorre el eje Atlántico, donde se concentra la gran mayoría de población y empresarial de Galicia. Es la principal vía de comunicación entre cinco de las siete ciudades gallegas: Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo. Incluyendo otras poblaciones, son casi dos millones de habitantes unidos por esta infraestructura, sin alternativa por carretera.
El mes pasado, otras autopistas coetáneas en Cataluña y Aragón (más de 500 km) pasaron a ser gratis. Galicia se queda como la comunidad con más kilómetros de peaje, con 331 km de pago. Eso será así hasta que caduque la concesión de la AP-9… en 2048. Pero ojo, que según la Unión Europea esto podría ser ilegal y aducar en 2023.
¿Por qué? Pongámonos en antecedentes. La AP-9 ha sido merecedora de tres pr´órrogas debido a acuerdos de Audasa (la concesionaria) pactados con diferentes ejecutivos nacionales:
- 1977: Se dilata el fin de la concesión de del 19 de agosto del 2012 al 20 de noviembre del 2013. El motivo esgrimido fue facilitar la financiación de las obras, aún en ejecución. El ministro responsable fue Joaquín Garrigues Walker (UCD)
- 1994: La concesión se prolonga hasta agosto de 2023. Se hicieron entonces gratutitos algunos tramos urbanos de la autopista (no todos) y se decide ampliarla hasta Tui –frontera portuguesa–, si bien esto ya figuraba en el proyecto inicial. Fue obra de Josep Borrel (PSOE).
- 2000: Se prolonga la autovía 9 km hasta Ferrol (tras el accidente de la plataforma Discoverer Enterprise, que destrozó el puente que servía como principal salida de la ciudad). El fin de la concesión pasa a situarse en 2048.
Bruselas asegura que estas concesiones se otorgaron sin que otra compañía que no fuese Audasa pudiese concurrir. Es algo que atenta contra la competencia. Es ese el motivo por el que la Comisión Europea iniciará acciones legales ante el tribunal de justicia comunitario.
Según el derecho de la Unión Europea, para cada una de esas obras o mejora de servicios que implicaron ampliar la extensión de la concesión (hasta 75 años en total), debería haberse convocado un concurso público. Solo así podrían llegar a presentarse ofertas más ventajosas para los conductores y las arcas p´úblicas.
¿Quién es el dueño de la AP-9?
La AP-9 es un negocio redondo. Circulan a diario más de 25.000 coches por ella. Antes de 2020 (un año en que los confinamientos por la pandemia le afectaron mcuho, facturaba al año 150 millones de euros, con un impresionante beneficio neto del 30 %.
Hasta el año 2000 el propietario era la Empresa Nacional de Autopistas. Fue entonces cuando tuvo la mayor ampliación de contrato y el ejecutivo de Aznar impulsó su provatización. Fue adquirida por un consorcio, que encabezaba la constructora Sacyr. Hoy en día es Itinere la matriz de la concesionaria Audasa y está en manos de dos fondos de inversión.
El caso italiano
Muchos gallegos se preguntan se esta situación puede hacer que dejen de pagar esa autopista. No será tan sencillo, ya que hay un caso idéntico a este en Italia y lleva dos años con el litigio a vueltas.
Fue ese caso en Italia al que se agarraron unos abogados de Vigo para presentar la demanda colectiva de la plataforma En-Colectivo. En el país transalpino una prolongación de 36,6 km de la autopista A-12 Livorno-Civitavecchia (de 242 km totales) le supuso a la concesionaria 18 años más de explotación del vial.
España podría anular el contrato con Audasa, pero es algo que no hará porque habría que pagar una indemización a la empresa. En Italia no han acatado una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 21 de marzo de 2019. La Comisión Europea ha señalado que Italia y España disponen ahora de dos meses para responder a las alegaciones. De no hacerlo, puede enviar un dictamen, como paso previo a acudir al Tribunal Europeo (donde está abocado el
¿Qué pasará ahora?
Desde el Gobierno apuntan, en declaraciones a El País, que el expediente sancionador de Bruselas está en un momento muy embrionario. Los abogados vigueses indican que, si una sentencia les da la razón, la Adminsitración (subsidiariamente) podría tener que devolver los peajes desde 2012, de todos los años prorrogados.
Hasta que se resuelva (que tardará), los gallegos han de contentarse con la bonificación del peaje anunciada por el Gobierno de España el pasado 25 de julio (que se anunció hasta el fin de la concesión y se calcula en 2.300 millones de euros). Pero no son sólo los gallegos quienes miran atentos al fallo. Porque otras infraestructuras, como la AP-66 que conecta Asturias y León, también cuenta con una prorroga hasta 2050, cuando tendría que ser liberada este mismo 2021.
Fuente: La Voz de Galicia