Ayer establecíamos que el número de coches oficiales en España (usados por los políticos en sus funciones de representación, no vehículos de trabajo y servicio diario de las administraciones) se sitúa en torno a las 5.000 unidades.
A pesar de que es una cifra bastante más reducida de las que circulan por la red (un 22% de los 22.500 que se leen por ahí), supone que hay un vehículo oficial cada 9.438 personas. Y ojo, que si tenemos en cuenta quién paga estos coches (hay 17.417.300 personas activas, según datos de la EPA del segundo trimestre de 2012) obtenemos que cada 3.483 personas pagan uno de esos vehículos.
Por ese motivo es necesario controlar los gastos al máximo. Como veíamos, ahora mismo las Administraciones Públicas ya están reduciendo el número de vehículos y, en muchos casos, optan por coches que tienen menor coste de adquisición, consumen menos combustible y son más baratos de mantener. Pero sería posible reducir el coste de esta partida.
Una de las mejores formas de contención del gasto es la forma de aquirirlo. Hasta hace bien poco, la mayoría de estos coches se compraban, con cargo a los presupuestos generales. Sin embargo en los últimos años la tendencia pasa por el renting o alquiler de forma que ahora uno de cada tres se alquila.
«El alquiler de un vehículo de flota en lugar de recurrir a la compra directa supone una reducción del 20% del presupuesto», indican los expertos de gestión de flotas de coches.com. Así se evita parte del coste de amortización. Es una regla básica de mercado que los coches se devalúan el primer año cerca de un 30%, y luego un 19% anual. Aunque en función de la demanda, la caída de precio se puede frenar un poco. «Podríamos estar hablando de unos 8.000 euros anuales de renting en un coche de alta gama, solamente en concepto de amortización. Y eso sin contar extras como los blindajes, que dispararía la cifra una barbaridad».
La ventaja del renting o el alquiler es la flexibilidad que supone, además del “incordio” que supone vender este tipo de vehículos, tan poco demandados. “Debido a la crisis económica, el mercado de segunda mano ha cobrado una gran importancia en los últimos tres años. Pero la gente demanda coches pequeños y baratos de mantener, con preferencia de los diésel. Son los coches que menos se devalúan en estos momentos. Sin embargo, los vehículos grandes y con motores que consumen más, tienen menos salida y tardan más en venderse”, indica los expertos en segunda mano de coches.com.
De hecho, ha habido bastantes ejemplos de subastas de coches en los últimos tiempos, como en Castilla La Mancha y en la Comunidad Foral Navarra. Y en muchas ocasiones, cuando el coche ya tiene más de 15 años, el valor residual del coche es tan bajo que no compensa ni siquiera hacer la subasta. La Diputación de A Coruña, por supuesto, se han cedido a Ayuntamientos o asociaciones que los necesitaban.
OTROS GASTOS
“Al TCO (coste total de propiedad) de uno de estos vehículos deberíamos añadir los 4.600 euros anuales, si tenemos en cuenta el seguro (1.800 euros), consumos (1.600) y mantenimiento (1.200), indican desde coches.com, dado que suelen ser coches de alta gama con numeroso equipamiento adicional (y es sabido que los extras y la tecnología acaban encareciendo el manenimiento)
En los datos del Parque Móvil del Estado descubrimos que 864 coches (que recorrían 12.800 kilómetros cada uno) gastaban casi un millón y medio de euros al año. Son unos 1.650 euros en combustible cada coche, dato muy similar al aportan los especialistas en flotas de coches.com.
En el renting (alquiler a largo plazo) suelen estar incluídos los gastos de revisión, salvo el de la ITV que suele estar fuera del contrato. Con 5.000 vehículos, tendríamos un coste de 4.600 en mantenimiento y 8.000 en concepto de renting o amortización de la compra: 12.600 euros anuales, lo que nos dejan un coste de unos 63 millones de euros anuales en coches destinados a políticos. Y eso sin contar gastos de conductores y otros alquileres de transporte…
Pero es que, además del Parque Móvil, existen más gastos. En 2012 el Congreso se gastó este año 850.000 euros en taxis y alquiler de vehículos para su parque móvil. En 2013 el desplazamiento de los diputados tiene presupuestado 6.750.000 euros, (invariable respecto al 2012). Ahí se engloban billetes de tren, de avión, peajes de autopista, los taxis antes mencionados y hasta 30.000 euros en tarjetas de aparcamiento AENA, para que los aforados puedan acudir a aeropuerto en su vehículo particular. Quizás lo más sorprendente de este capítulo presupuestario es comprobar que el Congreso corre con los gastos de las multas que ocasionan los coches del parque móvil, en concreto 7.000 euros anuales, una partida que no existía en 2011. ¿No es suficiente con los coches que ya pagamos entre todos?