La autopistas de peaje se van a la quiebra debido a la crisis  Desde los máximos que registraba en 2006, el tráfico en las autopistas estatales de peaje se ha desplomado un 30 % . Eso supone 16.641 vehículos diarios de media en 2012. El mismo volumen que se remonta a los niveles de hace quince años.

Estos descensos en el tráfico suponen una caída en la recaudación por el peaje. Los ingresos de explotación de las concesionarias por los peajes han bajado un 10,2% en 2012 respecto al año pasado. La notable caída del tráfico, el sobrecoste de las expropiaciones, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, el incremento de los carburantes y la existencia de vías de alta capacidad gratuitas que cubren el mismo trayecto, ha llevado a seis autopistas de peaje al concurso de acreedores.

Se trata de varias autopistas en el entorno de Madrid (la AP-41, R-3, R-4 y R-5), la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete) y la que discurre entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería). Su deuda conjunta es de más de 4.000 millones.

El Ministerio de Fomento ha contratado a una consultoría para que haga una estimación de lo que costaría que una sociedad pública se hiciese cargo de estas infraestructuras (y alguna más en riesgo): serían 608,5 millones de euros. El 20 % de ese capital, unos 121,71 millones de euros, se ofrecerá a las constructoras y concesionarias encargadas de la gestión de estas vías. Fomento ha presentado el Plan a las constructoras y concesionarias, que deberán aceptarlo por unanimidad para llevarse a la práctica. Y en caso de que alguna concesionaria no quiera entrar en la sociedad, se le comprará la parte correspondiente, en efectivo en un plazo de tres años.

Según detallaron las mismas fuentes, Fomento diseña esta sociedad de autopistas a un horizonte de 40 años. Parte de la previsión de que el tráfico de estas vías siga cayendo este año (un 15%) y el próximo (-3%), para equilibrarse en 2015 y aumentar una media de entre un 2% y un 2,5% en el resto de ejercicios.

En cuanto a la deuda financiera de unos 4.000 millones de euros que actualmente suman las autopistas, se reestructuraría a un plazo de treinta años junto con los 1.200 millones que los bancos están dispuestos a inyectar a la sociedad.

El paso del tiempo demuestra que la necesidad de estas autopistas, cuanto menos, bastante dudosa, tal como evidencian los resultados. Ahora pasarán (sería extraño que las empresas no aceptasen el plan) a depender de los impuestos de todos. Pero no será la primera vez. Primero se facilitó que esas empresas las construyesen, mediante préstamos participativos que otorgó el Estado, subordinados a que los demás prestamistas cobrasen antes y los accionistas cobrasen dividendos. Es decir, el Estado asumía más riesgos en esta operación que los propios accionistas. Un negocio redondo… que ha salido mal. Y de ahí este rescate. La segunda vez que el Estado (todos) pone dinero en un negocio privado, unas vías de comunicación que todos debemos pagar por poder disfrutar.

Fuentes: 20 Minutos, Expansión
Foto: Ayuntamiento de Madrid

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