El debate, celebrado en la sede de la Fundación PONS en Barcelona, estuvo moderado por Montserrat Figuerola, directora de CEA en Cataluña, y a él asistieron numerosas personas relacionadas con el sector de la Seguridad Vial. Por su parte, los partidos políticos estuvieron representados por: Jordi Jané, de CIU; Robert Labandera, del PSC-PSOE; Marc Sanglas, de Esquerra Republicana de Catalunya; Pedro Chumillas, del Partido Popular de Catalunya y Josep Pérez Moya, de Iniciativa per Catalunya Verds.
A continuación os mostramos las diversas propuestas que se plantearon por parte de cada uno de ellos:
Jordi Jané, diputado en el Congreso y Portavoz de CiU en la Comisión de Seguridad Vial, aseguró que “CIU está en contra del límite de 80 kilómetros por hora impuesto en los accesos a Barcelona y por ello, si su partido llega al Gobierno de la Generalitat de Cataluña suprimirá esta prohibición”. En este sentido, Jané indicó que su partido aboga por continuar con las sanciones de tráfico pero unidas a elementos de peligrosidad, es decir, ubicando los radares en aquellos lugares donde se produzcan accidentes, mejorando la señalización vial y la educación. Igualmente, hizo hincapié en que las víctimas de tráfico son la principal prioridad y destacó la necesidad de realizar campañas para que los ciudadanos sean conscientes de las consecuencias de las distracciones al volante.
Por su parte, Robert Labandera, portavoz de la Comisión de Política Territorial del Parlament de Catalunya del PSC-PSOE, se mostró favorable al límite en la entrada de Barcelona pero apostó porque sea más flexible y se establezcan distintas velocidades según las horas. También hizo especial hincapié en el apoyo al transporte público, al aumento en la inversión en carreteras y, sobre todo, en los tramos de concentración de accidentes. Asimismo, defendió el perseguir la temeridad en la carretera, promover la disciplina viaria, ampliar los planes de seguridad vial de las administraciones locales, aumentar los controles de alcoholemia y drogas, mejorar la atención sanitaria en el lugar que se haya producido el accidente y ampliar la seguridad jurídica de las víctimas para que puedan resolver sus litigios lo antes posible.
Marc Sanglas, secretario de Política Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya, se mostró favorable a la limitación de 80 km/h, aunque aseguró que “se podría replantear”. En este sentido, defendió la realización de actuaciones concretas en los puntos negros, efectuar campañas de concienciación, promover medidas que aceleren la asistencia legal a las víctimas y dedicar el 5% de las inversiones a infraestructuras que mejoren la seguridad.
Asimismo Pedro Chumillas, secretario de formación del PP de Catalunya, basó su intervención en tres ejes fundamentales: educación, inversión en puntos negros y seguridad viaria. Apostó por la libertad del conductor ya que “está bien fijar límites de velocidad siempre y cuando sean razonables”. También destacó la formación en la escuela como una de las apuestas de su partido, ya que es “mejor educar que sancionar”.
En último lugar, Josep Pérez Moya, miembro del Consejo Nacional de Iniciativa per Catalunya Verds, se mostró muy favorable a la limitación de la velocidad en los accesos de la capital catalana. De hecho, indicó que según sus datos, gracias a ella “se llega antes y se reducen los accidentes”. También apostó por “el reconocimiento de los profesores de autoescuela con una titulación equivalente a la Formación Profesional” y defendió la educación vial con programas que refuercen los conocimientos de los profesores de colegios y de autoescuelas. También, aseguró que su partido está a favor de mejorar las infraestructuras, intensificar los controles de alcoholemia y drogas y favorecer el transporte público.
¿Cumplirán estas propuestas si llegan al poder? o ¿se perderán en el limbo, como tantas otras veces? Sólo el tiempo lo dirá.