Desde su implantación fuera de nuestras fronteras hace ya algunos años, las empresas dedicadas al alquiler de vehículos no han parado de crecer. Para muchos su puesta en funcionamiento suponía una respuesta efectiva para la ingente aglomeración de vehículos que afectan sobre todo a las grandes ciudades, circunstancia que se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza para ciudadanos y autoridades públicas. Además, de su éxito dependía encontrar una solución, al menos parcial, a los altos índices de contaminación provocados por el tráfico rodado, uno de los grandes causantes de la polución ambiental.

Tal era el éxito en terceros países que la idea no tardó en importarse al nuestro con resultados parecidos. Madird, Barcelona, Bilbao o Sevilla son algunas de las ciudades donde quién lo desee puede hacer uso de un vehículo de alquiler por un precio apto para cualquier bolsillo. Todo parecía ir bien, pero como casi siempre sucede, no es oro todo lo que reluce. La Comisión Nacional de Competencia ha comunicado que está llevando a cabo una serie de inspecciones a empresas del sector por supuestas prácticas de competencia desleal. En concreto, la CNC tiene sospechas fundadas relacionadas con un reparto del mercado y una fijación de precios que relegarían a un segundo plano comercial a las empresas que no participasen del acuerdo. Este caso se suma al del fraude fiscal en coches de lujo del que informábamos hace tiempo.

Las infracciones, estipuladas como muy graves según la normativa vigente, conllevan multas de hasta un 10% del volumen de negocio de las empresas infractoras. Por el momento las investigaciones se encuentran en una fase previa, en colaboración con las autoridades de competencia autonómicas, motivo por el cuál no ha trascendido el nombre de ninguna de la empresas implicadas.

Vía: Autobild

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