Esta pasada semana, el Registro de Economistas y Asesores Fiscales, la REAF, fue noticia por «recordar» que las ayudas recibidas por los ciudadanos tendrán consecuencias para su declaración de la renta de este ejercicio. Tal y como se extrae de su declaración, las subvenciones estatales directas, como estas, deberán tributar entre el 24 y el 43% de lo recibido.
El Ministerio de Hacienda confirmó punto por punto estas afirmaciones de la asociación, dejando claro que este tipo de aportaciones, de no acordarse lo contrario en la aprobación de los decretos de ayudas, computan como ingresos generales del patrimonio en la Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, el famoso IRPF.
Por supuesto, la noticia ha caído como un jarro de agua fría entre aquellos que pensaban acogerse a este plan para adquirir un coche nuevo, pero todavía más entre quienes ya habían recibido su parte de las ayudas estatales. Lo que sí es evidente es que no hubo, por así decirlo, engaño, pero el detalle se pasó, interesadamente, por alto.
Sólo la cercanía del periodo en el que todos debemos rendir cuentas con las arcas estatales, ha servido para sacar a la luz esta importante consecuencia. Por supuesto, los principales beneficiarios de este plan, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto), los fabricantes (Anfac) y los exportadores (Aniacam) se han apurado a pedir una modificación del tratamiento fiscal de las subvenciones para no perjudicar a los potenciales clientes ni a las ventas. Sin discutir la idoneidad o no de sus reclamaciones, es evidente que su posición también ha quedado retratada, ya que resulta sorprendente que tampoco ellos hubieran «visto» este importante detalle.
Sea como sea, y pudiendo buscar múltiples «ciegos» (por no decir, responsables) de esta situación y de no haber previsto alternativas o, al menos, informar claramente a todos los beneficiarios de estos planes de ayudas.
Vía | Las Provincias