Se plantea que las indemnizaciones por accidente de tráfico tributen

El Gobierno de España, desde el Ministerio de Justicia concretamente, está estudiando introducir una medida bastante polémica y que afecta a millones de conductores. Está recogida en el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal que fue aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2020 y contempla la posibilidad de que las indemnizaciones por accidente de tráfico tributen. Eso quiere decir que las víctimas tendrían que pagar a final de año un impuesto, directamente en el IRPF.

Esto ha sido denunciado por Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), que descubrió dicha medida en este anteproyecto que se encuentra en fase de trámites. No han dudado en criticarlo desde el primer momento diciendo que «esconde una medida puramente fiscal» y que con ella el Gobierno «pretende recaudar impuestos con las indemnizaciones». Fue firmada por el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y está pendiente de aprobación.

Con la modificación de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se gravaría también aquellas indemnizaciones en las que se alcance un acuerdo amistoso entre las partes. Serían las indemnizaciones dictadas por un juzgado las que seguirían exentas de tributación, pero ya ese cambio requeriría de la figura de «un tercero neutral» que hiciera de mediador y que exigiera «escritura pública cuando el pago lo realiza una entidad aseguradora».

El resultado sería que las víctimas de los accidentes o sus familiares tuvieran que hacer frente a estos gastos adicionales o incluso que pagaran impuestos por el dinero recibido, aunque no se detalle el cómo se realizaría. De un modo u otro, los perjudicados por partida doble serían los accidentados, que ya de por sí sufren perjuicios personales y patrimoniales y ahora tendrían que sumar esa tributación.

La indemnización pretende compensar la disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, no se considera como un incremento de patrimonio y por ello no debería ser gravada, según ANAVA-RC. Además, esa medida conllevaría un aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación. Actualmente se está intentando frenar la modificación de ley, así que habrá que esperar para ver cómo se resuelve.

Fuente: ANAVA-RC