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MARIO NOGALES

27 Enero, 2021

A los afectados por el Dieselgate en España les corresponden 3.000 euros de indemnización por parte de Volkswagen

Hay pocos escándalos en el mundo del automóvil de la magnitud del Dieselgate. Fue en 2015 cuando salió a la luz que Grupo Volkswagen hacía trampas con un software en algunos motores diésel que detectaba que estaba siendo sometido a una prueba de homologación para rebajar las emisiones. Ha habido todo tipo de sanciones a nivel internacional, aunque algunos procesos seguían en manos de la justicia. Ahora en España se dice que a cada afectado le corresponden 3.000 euros de indemnización por el Dieselgate.

Es lo que ha conseguido la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) tras cinco años batallando en los tribunales contra Volkswagen. Ahora anuncian que habrá justicia para los miles de afectados por este escándalo. El año pasado fue la vista oral y ahora sale la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Madrid. Lo cierto es que ha tenido en cuenta todo lo expuesto por la OCU y declara que la actuación de Volkswagen fue una práctica comercial desleal.

Volkswagen TDI Motor Diesel 700x394

Como ya era de esperar, el Juez ordenaba a Grupo Volkswagen el cese de esta conducta y prohibía que se repitiese en el futuro, algo que probablemente ya tenían en cuenta dentro de la marca. Se obligaba a la reparación de todos los vehículos afectados mediante modificación del software instalado (o cambio de hardware) de forma gratuita, algo que ya se fue haciendo en su momento. Y la noticia más llamativa, reconoce a los afectados una indemnización por los daños y perjuicios de 3.000 euros por cada uno.

Hay que aclarar que esta sentencia no es firme, Volkswagen puede interponer un  Recurso de Apelación, algo que hará seguro teniendo en cuenta los acontecimientos. En otros países como Alemania, la marca llegó a un acuerdo con los afectados para no acudir a los tribunales, aquí se ha tenido que seguir la vía legal después de que no hubiese conciliación. En este caso serían 16,3 millones de euros a abonar teniendo en cuenta las demandas de un total de 5.444 particulares, según La Vanguardia.

Fuente: OCU

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