El despropósito sigue reinando en la Administración pública del Estado. Lo último que hemos conocido es la inminente aprobación del proyecto de ley de tasas judiciales, impulsada por el Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, y que ha sido duramente criticada por el Consejo General de la Abogacía Española.

El proyecto establece una serie de tasas que deberán abonar los ciudadanos en caso de hacer uso de los estamentos judiciales. Entre lo más sorprendente destaca la tasa para recurrir una multa de tráfico, que asciende a 200 euros, sea cual sea la cuantía de la misma. “Una multa de tráfico de 100 euros costará recurrirla 200 euros”, aseguran los abogados, que intentan remediar lo que consideran un “ataque al derecho fundamental a la Defensa de cualquier ciudadano, imprescindible en un Estado de Derecho”.

El Consejo General de la Abogacía Española, que ha remitido cartas a diferentes diputados del Congreso para exponer sus quejas, advierte que la normativa “supone un enorme incremento con respecto a las que actualmente existen”, lo que provocará un efecto “disuasorio” que hará que los conductores descarten interponer un recurso.

Además, los abogados critican que, con la normativa, el ciudadano siempre será el que tenga que abonar las tasas, incluso si es el propio Estado, por su mal funcionamiento, el que obliga al ciudadano a acudir a los tribunales. “El anormal funcionamiento de la Administración no puede provocar la exigencia de un tributo pues es ésta la que provoca el pleito”, sentencian.

Las exenciones de la tasa, dicen desde la Abogacía, “es el precepto nuclear de la reforma y, en consecuencia, el que debe recibir mayores críticas”, no tanto por lo que considera exento en el artículo 4 del anteproyecto sino “en lo que no aparece”. Solicitan que se incluyan, además, los casos de silencio administrativo negativo, los casos de inactividad de la Administración, los casos de vía de hecho, recursos civiles en interés de la ley, entre otras.

Vía: El Mundo

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