La separación de poderes es la clave para que las cosas funcionen. Un ejemplo muy claro lo hemos visto en la orden que el poder Judicial ha parado los pies al Legislativo, que había creado una norma según la cual la ITV podía caducar en pocas semanas o días.

Pongámonos en contexto. Durante el estado de alarma se dieron prórrogas para aquellos coches que tenían que pasar la ITV. De hecho, se alargaron los plazos también para vehículos cuya revisión técnica vencía tras las fases de desescalada, ya que había millones de coches esperando a hacer el trámite.

Hasta ahí todo lógico. El problema venía cuando los conductores pasaban la ITV a su vehículo… y el plazo de validez era el mismo que si la hubiesen pasado meses antes. Aunque la prórroga establecía que se contaba con 30 días tras la finalización del estado de alarma para conseguir el certificado (luego se ampliaba de manera escalonada), la fecha de realización que constaría debía ser la que hubiera correspondido en ausencia de pandemia.

Desde FENADISMER (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España), argumentaron que la medida causaba no sólo un perjuicio económico (se pagaba dos veces una tasa con apenas días de diferencia), sino también la pérdida de productividad, por tener que acudir dos veces seguidas.

Y el Tribunal Supremo les ha escuchado, rechazando que esas ITV aplazadas por el estado de alarma deban repetirse en un plazo menor. Y han suspensido la orden ministerial. La argumentación indica que «están en conflicto no un interés público frente a un interés privado, sino sólo intereses privados enfrentados: las concesiones de ITV y los titulares de vehículos».

En su auto, el Supremo destaca que su criterio coincide con el que argumentaba el Defensor del Pueblo, porque «al descontar el periodo de prórroga se está acortando de manera artificial la duración de las ITV, produciendo el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente operación antes de lo previsto«.

En el auto se indica también que ven «loable» pretender asegurar la supervivencia económica de las estaciones de ITV, afectados por la menor actividad durante la pandemia, pero entiende que dicho objetivo puede alcanzarse «por otras vías, sin imponer cargas a los particulares».

Fuente: AEA

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