La polémica ha estado rodeando a Madrid Central prácticamente desde su nacimiento en 2018. La zona de bajas emisiones de la capital nació con el objetivo de reducir la contaminación en la urbe aplicando restricciones a los coches con mayores niveles de emisiones utilizando el etiquetado de la DGT. El caso es de que ahora llega a su fin después de que el Tribunal Supremo dicte sentencia después de varios años de litigios entre partidos políticos y asociaciones ecologistas.
Madrid Central fue un proyecto que comenzó con la alcaldía de Manuela Carmena con el partido Ahora Madrid (después Más Madrid), un mandato que duró entre 2015 y 2019. Desde el principio, la oposición (con el PP a la cabeza) criticó la zona de bajas emisiones e intentó derogarla llevándola a los tribunales. El caso es que la justicia siguió su curso incluso después con el cambio de gobierno en Madrid. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anula las medidas de Madrid Central definitivamente después del recurso de Ecologistas en Acción para intentar evitarlo.
Los motivos que tumban a Madrid Central han sido los «defectos formales». Se ha considerado que la memoria económica del Ayuntamiento era insuficiente y que no se tenía en cuenta el gasto de 11,7 millones de euros durante siete años, que es lo que costaría mantener esta zona de bajas emisiones. Esto deja a los conductores madrileños con un buen número de dudas que todavía no quedan del todo aclaradas. En principio hay dos meses para ejecutar la medida, pero no se han hecho oficiales algunos detalles importantes.
El primero sería lo que pasará con las multas de Madrid Central. Después de idas y venidas con este tema, se contabilizan un total de 1.393.000 sanciones por entrar en la zona de bajas emisiones indebidamente. Eso significaría un total de 125 millones de euros para las arcas del Ayuntamiento, 62 millones si todos se aprovecharan del pronto pago. Pero con la derogación de Madrid Central parece que todas las multas dejan de tener efecto. En teoría las que hayan sido puestas tendrán que ser canceladas y se tendría que devolver el dinero a los que las abonaron en su momento.
Pero esa última parte parece poco probable que suceda, ya que el actual Gobierno está trabajando en otro movimiento. Dado que la zona de bajas emisiones ha dado buenos resultados en términos de contaminación, el PP quiere mantenerla cambiando ligeramente el concepto. Ya hablamos hace tiempo de Madrid 360 y las nuevas medidas, así que aplicando esta normativa se podrían mantener las sanciones y no sería necesario que se eliminasen por completo las anteriores.
Aunque inicialmente se tenía previsto aprobar la ordenanza municipal con Madrid 360 en el mes de julio, ahora es posible que se acelere el proceso. El primer motivo sería que no reine el caos y que todos los coches empiecen a entrar a la zona centro convencidos de la impunidad. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, afirma que sigue activa a pesar de todo. También se enfrentan a multas por parte de la Comisión Europea en el caso de que vuelva a aumentar la contaminación.