El pasado 30 de oviembre finalizó el periodo de concesión de la autopiats AP-1 (Burgos Armiñón) y antes de que finalice el año también pasarán a dejar de tener peaje autopistas como la AP-7 (Tarragona-Alicante) o la AP-4 (Sevilla-Cadiz). Se trata de una medida que el Ministro de Fomento anunció allá por junio… pero que podría tener los días contados.
También el mes passado, tras una rueda de prensa del Consejo de Ministros, José Luis Ábalos lanzaba un globo sonda, al hablar de cómo implementar peajes en todas las autovía sgratuitas. Todo parece indicar, según leemos en diversos medios, que la idea de pago por uso de los más 15.000 km de autovías que hay en España cobra fuerza.
Mantener en óptimas condiciones estas váis de alta capacidad no es barato. Se cifra en 11.000 millones de euros anuales y el ministro ha señalado ya en algunos momentos que «no hay capacidad presupuestaria», al timepo que recordaba que en otras infraestructuras del Estado, como puertos, aeropuertos y vías férreas sí se paga por su uso.
Por el momento no se ha establecido un modelo de pago. Podrían volver a licitarse las concesiones o bien crear un sistema de viñetas, como existe en otros países de Europa. Los próximos meses son claves en este sentido, ya que la idea del Gobierno es crear una subcomisión parlamentaria a principios de año, que debería dar resultados hacia el verano.
Desde luego, una medida como esta, que no será del agrado de nadie es difícil que cuente con un fuerte respaldo político, máxime cuando hay elecciones municipales y en 13 COmunidades Autónomas en mayo… y quizá generales.
A esto hay que unir que a lo largo de 2019 se pretende pasar a gestión privada las ocho concesiones de autopistas que quebraron (radiales de Madrid, fundamentalmente) que el Estado tuvo que rescatar. Por el momento es Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) quien las explota con peaje y ya se han hecho los cambios legales para que esta empresa pública pueda asumir la gestión de más vías y cobrar por su uso.
Entre los rumores, se habla de que las tarifas podrían variar en función de la antigüedad del coche y sus emisiones contaminantes, aunque no estaría mal que penalizase también el peso del vehículo. En estos momentos con siniestralidad creciente y con tanto proyecto de la DGT para reducir la siniestralidad ¿es una buena idea desviar a vehículos (de la población menos pudiente) a vías secundarias, mucho menos seguras?
Vía: La Vanguardia