Hoy nos hemos despertado con una noticia en los medios de comunicación bastante soprendente. El Ministerio de Fomento «advertía» a los usuarios de servicios de compartir coche, que no tengan licencia, que incurren en una «infracción muy grave» que puede conllevar multas de entre 401 y 600 euros. Además esos mismo medios aseguraban que la ley prevé sanciones para las plataformas que «promuevan, oferten o presten estos servicios», como Blablacar, sin la pertinente autorización administrativa de entre 4.001 y 6.000 euros, aunque pueden aumentar hasta los 18.000 euros en caso de reiteración.
Después de la «tormenta» que desató este aviso, enviado ayer por la tarde, el Ministerio de Fomento ha tenido que emitir una nota aclaratoria esta misma mañana, aclarando que los viajes compartidos en coche particular en los que se compartan gastos no necesitan licencia para operar. Esto significa que las plataformas que ponen en contacto a usuarios de coche para repartirse los gastos del viaje, sin ánimo de lucro y sin conductores profesionales, no tienen ningún problema. Aunque todo depende de quién interprete la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), ya que la patronal de autobusesya anunció hace meses la intención de denunciar a Blablacar por competencia desleal (aseguran que le ha quitado casi el 10% de su mercado).
Así pues, y siempre que no haya un ánimo de lucro al compartir coche (tal y como dice el artículo 101 de la LOTT), no hay ningún problema. Otra cosa sería intentar hacer negocio llevando a gente. Para eso ya es necesario tener una licencia y un seguro especial de accidentes, entre otros. El precio del viaje podría variar en función del coche, por supuesto, pero no ir más allá de los costes del combustible y los peajes (nada de intentar amortizar el coche a base de paseos con viajeros).
El aviso del Ministerio de Fomento va dirigido a otro tipo de plataformas como Uber. Esta empresa, que ya está presente en 128 ciudades de 37 países, pone en contacto a conductores con pasajeros y en su tipo de negocio sí hay una retribución económica con ánimo de lucro. En España ya está presente en Barcelona, y, según asegura la empresa en su blog, «está teniendo una acogida abrumadora».
Los usuarios de Uber (que se anuncia como «el chófer privado para todos»), ejercen una actividad profesional, cobrando por llevar pasajeros dentro de la ciudad. Eso, por supuesto, ha desatado la ira del colectivo de taxis, que mañana han decretado un paro patronal en Madrid y otras capitales europeas para detener este servicio. La Comisión Europea ha dicho que no puede prohibir plataformas como esta, pero los taxistas pide que se persigan.
Las protestas del sector del taxi se basan en los requisitos que se les exigen a ellos»: Julio Moreno, presidente de la Asociación Gremial de Madrid (que agrupa 9.000 de las 15.700 licencias de la capital), recuerda que para prestar un servicio de transporte de viajeros en un turismo es necesaria una licencia, una autorización administrativa, y un carné de conducir especial (BTP), además de un seguro de accidentes que cubra al cliente. «Los conductores de Uber no pagan los impuestos correspondientes, nadie controla si se pasan todo el día y la noche trabajando sin descanso, el estado de su vehículo o la formación de aquél que se pone al volante… No hay ninguna garantía para el consumidor. ¿Y luego dónde reclama si pasa algo, en California?», aseguraba a El País.
Uber se defiende asegurando «que los taxis protesten en contra de nuestra llegada es su elección. Sin embargo, está situación no está beneficiando a nadie: ni a los usuarios, ni a los conductores, ni a la ciudad. Seguridad, fiabilidad y elección, no protestar, son lo que atrae a los clientes hacia formas innovadoras de transporte”.
Parece comprensible exigir ciertos requisitos a quienes hagan del transporte de viajeros un negocio, sobre todo en los órdenes legales, fiscales y laborales. Si todo este embrollo sirve para mejorar el servicio de transporte en nuestras ciudades y aumenta la competencia (dentro de la legalidad) haciéndolo más cómodo, seguro y barato, bienvenido sea.
Fuentes: Ministerio de Fomento, El País, Alt1040