La plataforma de coches compartidos BlaBlaCar ha comenzado una batalla legal contra España a raíz de una serie de sanciones interpuestas por la Comunidad de Madrid contra la empresa y dos de sus usuarios. Por ello han denunciado a España ante la Comisión Europea por contradecir las libertades de establecimiento y de prestación de servicios protegidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Un testimonio recogido en la web Hipertextual relata cómo unos usuarios de la plataforma (también de los vehículos de alrededor) fueron interceptados por varios agentes de la Policía Muncipal de Madrid en las inmediaciones de Atocha. Tras preguntar si eran un BlaBlaCar, se les solicitó el DNI y la documentación del coche, además de pedirles que declararan el precio que tuvieron que abonar por el viaje. Seguidamente los agentes les informaron de que recibirían una denuncia sin sanción económica, es decir, una notificación.
En dicha denuncia se especifica que «la causa es la práctica de transporte de viajeros sin tener la licencia pertinente, algo que recogen los artículos 140.2 y 141.7 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)». La plataforma denuncia que no es la primera vez que reciben multas.
«Esto es un claro obstáculo a la libre prestación de nuestros servicios. BlaBlaCar es legal”
BlaBlaCar se considera una red social colaborativa, no una empresa de transportes. Su actividad se limita a poner en contacto a conductores y pasajeros, sin ánimo de lucro, para que asuman colectivamente los gastos del viaje. El director general de BlaBlaCar España, Jaime Rodríguez, considera esta situación como «una vulneración del derecho europeo; en concreto, de la libre prestación de servicios y de la libertad de establecimiento».
Desde su página web han emitido una nota de prensa en la que Rodríguez aclara los puntos clave del conflicto: “Las sanciones impuestas por la Comunidad de Madrid se basan en la exigencia de unas licencias que ni BlaBlaCar, ni sus usuarios, necesitan en ninguna parte de Europa y que, aunque quisieran, les sería imposible obtener en España. Esto es un claro obstáculo a la libre prestación de nuestros servicios”. Según AutoBild la sanción a una de sus filiales asciende a 8.000 euros, mientras que la dirigida a dos de sus conductores es de 4.000 euros cada uno por cobrar presuntamente a los pasajeros más dinero del que correspondería para pagar por los gastos.
La empresa cuenta con más de tres millones de usuarios en España, a los que ha tranquilizado asegurando que velará por sus intereses y agotará las vías legales nacionales. Al igual que Uber y el conflicto que mantiene con el gremio del taxi, estas plataformas no acaban de ser aceptadas. En 2014 ya recibieron una denuncia de Confebus, la Confederación Española de Transporte en Autobús, por competencia desleal. Confebus denunciaba que los conductores carecen de licencia para realizar transporte de personas y que mucha gente utiliza esta plataforma para sacar dinero, haciéndose varios viajes en un día. El juicio aún está pendiente de resolución.
Vía: BlaBlaCar, Xataka, Hipertextual
Imagen cuerpo: Flickr Casa de América