Ante el destrozo de siete radares la DGT busca culpables y valora en 67.000 euros cada uno

Según la DGT, los radares son “instrumentos al servicio de la seguridad del ciudadano”. Culpan al exceso de velocidad de esas malas cifras de siniestralidad en carreteras y afirman que está presente en el 30 % de los accidentes con víctimas mortales. Por ello tienen una cruzada contra la velocidad y los cinemómetros son su mayor arma. Sin embargo, muchos conductores podrían calificar la vigilancia de abusiva y pensar que responde a afán recaudatorio. Prueba de ello es que se hayan destrozado siete radares recientemente y que la DGT esté buscando respuestas.

Todavía se están buscando los culpables de estos actos vandálicos que está tipificado como un delito de daños en el Código Penal. El caso es que han sido radares situados en varias comunidades distintas: dos en la Comunidad de Madrid, dos en Castilla-La Mancha, dos Castilla y León y otro en la Comunidad Valenciana. No queda claro si el autor es el mismo o son hechos aislados, pero la DGT no dudará en investigarlo y penar a los causantes. De hecho, ha cifrado el coste económico de cada radar en 67.000 euros, mientras que los de tramo son 66.000 euros.

La cifra cuadra con la noticia que dimos sobre el gasto de 1,2 millones de euros en 15 radares, costando de media 78.650 euros. Anteriormente se había hecho otra compra y salían a 58.333 euros, pero parece que la inflación también afecta a este tipo de aparatos. En todo caso, para que no vuelva a ocurrir, la DGT contará con la ayuda de la Guardia Civil para que refuerce la vigilancia en aquellos puntos donde están instalados los radares. Incluso ya hay algunos de esos lugares en los que se han colocado cámaras de vigilancia que están conectadas directamente con la DGT.

Si dan con los autores, la sanción será ejemplar más allá de la parte económica anteriormente mencionada. Como hemos dicho, la vandalización de radares es un delito penal debido a que provoca “menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio”. Hablan de atentado contra el bien público y también que afecta a la seguridad vial, por lo tanto, las penas son ejemplares. Se habla de que se enfrentan a una pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses.