La caída del tráfico rodado, unida a una desastrosa planificación administrativa, ha condenado a algunas autopistas españolas a las más absolutas de las bancarrotas. Sus propietarios, las empresas más importantes del país (ACS, Acciona, Sacyr Vallehermoso y Ferrovial, entre otros) amenazan con declararse en suspensión de pagos si el Gobierno no accede a refinanciar parte de la deuda. Si las compañías cesaran en la gestión de las autopistas, el panorama sería desastroso para unas administraciones públicas, que en época de crisis, tendrían que hacer frante a los gastos de unas infraestructuras deficitarias que solo en el caso de las radiales de Madrid, acumulan pérdidas por valor de 2.000 millones de euros.
«Hay unas que están mal, otras que están muy mal y otras, moribundas», apunta un directivo del sector para definir la situación. Consciente de que el tiempo apremia, el Ministerio de Fomento ultima un catálogo de medidas para mantener a flote estas infraestructuras. Según fuentes del sector, el Ejecutivo optará por mantener en los Presupuestos Generales de este año los créditos participativos para abordar los sobrecostes y contener las pérdidas, además de ampliar los plazos de devolución de los mismos. Es una estrategia similiar a la puesta en marcha por el anterior ejecutivo, que aprovó una intyección de 200 millones de euros que las sociedades debían de volver durante todo el periodo de concesión.
Las compañías valoran positivamente la decisión, aunque insisten en que es insuficiente: «No se trata de un problema solo de financiación. Los préstamos no son más que una huida hacia adelante, que requerirán otras respuestas negociadas con los agentes del sector», afirma Miguel de la Fuente, director de ForoPPP, que aglutina a las empresas concesionarias.
El ejcutuivo coincide, desvelando que ya se trabaja en promover procesos de fusión entre concesionarias como medida para ahorrar en gasto. Además, se ampliarán los plazos de las concesiones y se mantendrán vivas las llamadas cuotas de compensación, créditos que cubren la diferencia entre la facturación real y el 80% de los ingresos estimados.
Vía: ABC