Francia ha vivido en los últimos meses un importante movimiento de protestas como consecuencia de la subida del precio del combustible. El movimiento, popularmente conocido como ‘chalecos amarillos’, ha tenido una importante trascendencia social y la violencia ha sido una de sus protagonistas.
Pese a que la medida de la subida del carburante tuvo que ser paralizada por el gobierno francés, los chalecos amarillos han causado multitud de daños. Estos desperfectos no sólo se han sucedido en las principales ciudades donde han tenido lugar las protestas, sino que también han llegado a las carreteras.
El Gobierno francés ha señalado que cerca del 60 % de los radares en carreteras han sido destruidos, neutralizados o quemados. En Francia hay un total de 3.200 radares fijos y 2.500 de ellos están destinados a controlar la velocidad.
Pero lo cierto es que los daños en los radares se vienen sucediendo desde verano. El 1 de julio del pasado curso se reducía el límite de velocidadde 90 a 80 km/h en las carreteras secundarias de doble sentido sin separación central. Una medida que no sentó muy bien entre los conductores franceses.
Los radares de velocidad son concebidos en Francia del mismo modo que en nuestro país, considerando que su existencia está únicamente destinada a la recaudación económica. En el año 2017 el Gobierno francés ingresó un total de 1.010 millones de euros gracias a los radares de tráfico.
Las protestas por la reducción del límite de la velocidad y los chalecos amarillos parecen haber encontrado en los radares una forma de manifestar su malestar con las medidas del ejecutivo francés.
«He visto en las redes sociales a algunos imbéciles hacerse fotografías junto a radares quemados. No les deseo que se tengan que enfrentar un día a la realidad de una muerte en la carretera» señaló Christophe Castaner, Ministro de Interior francés.
Ante los recientes desperfectos en los radares, el Gobierno francés recuerda que dañar uno de éstos se penaliza con una multa de hasta 30.000 euros y dos años de cárcel, mientras que la destrucción total del dispositivo está penado con hasta cinco años de cárcel y 75.000 euros.
Fuente: ABC